La maquinaria de la pobreza

La precariedad en la que viven los venezolanos se entreteje en una red de chantajes y compra de voluntades. El clientelismo político promovido desde el Estado venezolano ahora se apoya en las nuevas tecnologías para lograr un alcance masivo en su apuesta para perpetuarse. La hiperinflación aterra y la gente se doblega a aceptar lo poco que el gobierno ofrece: bonos insuficientes y escuálidas cajas de alimentos, mientras la espada de Damocles de las elecciones obliga a votar por quien asegura las dádivas. La pobreza se convierte así en la tarima del poder gubernamental.
FOTO: Rayner Peña.

A Nicolás Maduro lo rodea un puñado de mujeres muy entusiastas. Aplauden, celebran, disfrutan al verlo frente a frente en una de sus tantas alocuciones como presidente de Venezuela. Ese día, jueves 8 de marzo, viste, como muchas otras veces, una camisa roja ancha y larga que alcanza a cubrir su abdomen prominente.

Pide silencio y anuncia en tono triunfal: “Voy a proteger a través del carnet de la patria a las jefas de hogar de todos los hogares, sin discriminación, sin intermediarios, sin gestores. Estoy llegando a tres millones de hogares de la patria. ¡Rumbo a cinco millones de hogares que voy a proteger a través del carnet de la patria!”.

Y en este preciso instante, la cámara del canal estatal Venezolana de Televisión capta cómo las invitadas a la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno alcanzan la cima de la satisfacción, sonríen, lanzan besos al aire y muestran en pantalla el carnet como quien enseña una tarjeta de crédito dorada que promete la suprema felicidad. Allí están los plásticos con el tamaño de una licencia de conducir, foto pequeña, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y día de emisión. En la parte de atrás el serial, un código y al centro las siluetas de Hugo Chávez y Simón Bolívar. Al fondo a la derecha ocho corazones amarillos, azules y rojos con la consigna Venezuela Indestructible.

La escena se extiende, las manos con el carnet siguen en pantalla otros cinco segundos. Todo es dicha, aclamación, ovación: la revolución bolivariana baila, mueve la cintura.

El reparto madurista consiste en bonos mensuales, fijos, que reciben las familias seleccionadas por la Misión Hogares de la Patria y bonos inesperados que amplían la lista de beneficiados para un desembolso único en el Día de Reyes, en Carnaval, en Semana Santa, en el Día de la Independencia o en cualquier otra efeméride.

Solo quienes superan las barreras del sistema ingresan al grupo de los posibles elegidos. El candidato a obtener un bono debe registrarse en la página web www.patria.org.ve y entre otros requisitos necesita correo electrónico, cuenta bancaria y teléfono móvil. Con el teléfono descarga la aplicación veQR, escanea el carnet de la patria y se le abre una opción que identifica el bono al que aspira. Si es seleccionado, recibe un mensaje de texto y, entonces, debe regresar a la página web, manejar un monedero virtual y transferir el dinero a la cuenta bancaria. “¡Registrarte es facilito! veQR: Aplicación como mecanismo de protección social para el pueblo”, promete la Vicepresidencia de la República a través de un comunicado de prensa.

Para cobrar el bono que se deposita todos los meses a los hogares de la patria, aparte de los requisitos anteriores, es imprescindible recibir la visita de alguno de los once mil brigadistas, organizados por el gobierno, que registran el número de miembros de la familia y las condiciones de vida.

*

—¿Qué voy a hacer? Yo me saqué el carnet porque me dijeron que lo iban a pedir en los abastos, que era como una cédula, que uno lo iba a necesitar para casi todo, para la comida. Después cuando anunciaron lo de los bonos, como yo no tengo ni computadora, ni internet ni nada de eso, me fui a un infocentro donde me cobraron diez mil bolívares por hacerme lo de la página patria y lo del teléfono‒ recuerda Yanet González mientras empuja hasta la calle la basura del edificio donde trabaja como conserje, en una urbanización clase media de Caracas.

Yanet no tiene un teléfono inteligente, “yo me defiendo con este perolito”. Sus manos diminutas, armónicas con un cuerpo que no supera el metro y medio de estatura, muestran un modelo envejecido que solo recibe llamadas y mensajes de texto. Afortunadamente el sistema permite que alguien con un aparato inteligente escanee el carnet de la patria de Yanet y cargue sus datos. De esta forma, si es seleccionada para uno de los bonos, el “perolito” recibe el mensaje de texto.

Los dirigentes de los consejos comunales, las organizaciones que el partido de gobierno impulsa en todas las parroquias, han convertido el registro de los carnets de la patria en una fuente de ingresos. Una nota colgada en la página web de la Vicepresidencia de la República, sin embargo, advierte que “los consejos comunales tienen la responsabilidad de orientar a los habitantes de sus poligonales y facilitar el registro en el referido sistema de protección social sin realizar ningún tipo de pago”.
A diferencia de su esposo, que está desempleado, Yanet posee una cuenta bancaria gracias a que en 2015 trabajó en una empresa como encargada de la limpieza y por primera vez, a sus treinta y dos años, la incluyeron en una nómina. De no tenerla, tendría que registrar el número de cuenta de algún familiar que reciba el dinero del bono y luego se lo entregue.

La última estadística oficial indica que al cierre de 2012 entre el 45% y el 34% de los venezolanos mayores de edad no tenía cuenta bancaria y nunca había utilizado internet o tarjetas de débito para movilizar el dinero. Principalmente, los excluidos del sistema financiero son los más pobres, los que nunca han cobrado a través de una nómina y sobreviven con ingresos precarios y en efectivo.

*

El bono que reciben tres millones de hogares de la patria se empezó a otorgar de acuerdo con el tamaño de la familia desde el 29 de enero de 2018. Si se trata de solo dos personas, la transferencia es de 320.000 bolívares y si se alcanza el máximo de diez personas, 1.680.000 bolívares. Las personas con discapacidad también tienen la opción de un depósito mensual de 700.000 bolívares, al igual que las mujeres embarazadas.


Además, están los bonos aleatorios que consisten en un desembolso único. Según la información oficial, en la Navidad de 2017 tres millones de madres cobraron el bono Niño Jesús y ocho millones de personas el de Día de Reyes, ambos por 500.000 bolívares. En los primeros tres meses de 2018 el gobierno aseguró que hubo transferencias de 700.000 bolívares a dos millones y medio de jóvenes con motivo del Día de la Juventud, a nueve millones de venezolanos para el disfrute del carnaval, a cinco millones de mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer y a un total de diez millones por la Semana Santa.

Nicolás Maduro, que está en campaña electoral y tiene como meta recibir el respaldo de diez millones de votos el próximo 20 de mayo, sacó cuentas y afirmó que solo con los bonos distribuidos entre diciembre y febrero han logrado “proteger y beneficiar a un total de once millones cuatrocientos cuarenta y siete mil compatriotas”. Es decir, un tercio de la población del país.

El 8 de marzo Yanet González recibió la buena nueva. Estaba en el grupo de las elegidas. El “perolito” parpadeó el mensaje de texto indicándole que el bono con motivo del Día de la Mujer le había sido aprobado. Junto al mensaje, una promesa: “los meses venideros serán de victorias, crecimiento y prosperidad. ¡Fracasará el imperialismo en sus planes nuevamente! Seguiremos en la senda de recuperación de nuestra economía. ¡Venceremos!”.

La mujer sonríe ante la pregunta de qué compró con los 700.000 bolívares.

—Prácticamente nada, un cartón de huevos por 400.000 bolívares y el resto en mortadela.

*

La bancarrota y la hiperinflación venezolana son una historia bastante simple. El petróleo provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país y tras no ahorrar durante los años en que el barril se cotizó a niveles récord, endeudarse masivamente y gastar buena parte de los recursos en proyectos que no se exportan, la revolución bolivariana se quedó sin suficientes dólares y optó por recortar drásticamente la venta de divisas, dejando a las empresas con pocos insumos y materia prima para producir.

Como la caída de la producción hundió la recaudación de impuestos, entonces el gobierno recurre al Banco Central que crea nuevos bolívares a un ritmo frenético para que la administración de Nicolás Maduro cumpla con el gasto que promete. El resultado es más dinero detrás de muy pocos productos, una combinación que incesantemente dispara los precios. La firma Síntesis Financiera, que hace un seguimiento constante a la economía venezolana, tiene como escenario base que este año la inflación será de 250.000% y el PIB caerá por quinto año consecutivo.

*

María Ortega vive en Charallave, una ciudad cercana a Caracas, junto con dos hijos pequeños en una situación prácticamente desesperada. El pasado 26 de febrero recibió el bono mensual de 490.000 bolívares, correspondiente a hogares de la patria de tres integrantes. Ese día, con todo el dinero, podía comprar treinta huevos. Cuatro días después, el bono solo alcanzaba para veintiséis huevos.

—La plata no dura, no alcanza para nada, yo la gasto apenas me llega‒ dice María Ortega, quien refleja la angustia de los venezolanos y una expectativa que alimenta la hiperinflación: no vale la pena ahorrar o conservar los bolívares por algún tiempo. Hay que comprar lo que sea cuanto antes.

Ante la aceleración de la inflación, Maduro ha elevado continuamente el monto de los bonos, generando una espiral de miseria: el Banco Central fabrica dinero para que el gobierno gaste. Poco tiempo después de repartir un bono, el presidente anuncia otro por montos superiores y entonces los precios aumentan con mayor intensidad. Y así sucesivamente. Sin pausa.

Esta inyección de dinero dispara los precios porque hay muy pocos productos para comprar. Hace unos días, Maduro anunció una nueva ronda inflacionaria: “Ahora viene el bono de abril, Bono Independencia, viene de apoyo al pueblo, a diez millones de carnetizados y carnetizadas para seguir apoyando al pueblo”.

*

Consciente de que el precio de los alimentos deja muy atrás a los bonos, el gobierno vende cajas de comida a precios subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Pero la poca actividad de las empresas y la insuficiente cantidad de dólares para importar han convertido el sistema en un espejo de la precariedad.

Mayerly Martínez vive en una comunidad de bajo ingreso en Ocumare del Tuy, un municipio a 80 kilómetros de Caracas. Dice que la última vez que le llegó una caja fue a mediados de enero.

—Traía cinco kilos de arroz, dos laticas de atún, dos kilos de pasta y un litro de aceite. No había leche, cada día trae menos cosas.


La distribución de los alimentos falla continuamente al punto de que la encuestadora Datos señala que mientras en septiembre de 2017 el 63% de la población afirmaba haber recibido una caja CLAP, en enero de este año la proporción bajó a 29%.

—Yo estoy casada y tengo dos hijos, un varón de catorce años y una hija de diecisiete que quedó embarazada. Si viera a Luis, mi esposo, todo flaco, no duerme porque la moto con la que trabajaba de mensajero se le echó a perder. Yo trabajo limpiando apartamentos por aquí en Ocumare, porque el pasaje para Caracas es muy caro‒ lamenta Mayerly.

El comité que controla la comida a precios subsidiados en las comunidades tiene un jefe de calle que organiza y entrega las cajas de comida. Además, cuenta con miembros de redes controladas por el partido de gobierno como Unamujer, el Frente Francisco de Miranda y la Milicia Bolivariana.

—A nosotros nos hacen pagar la caja de comida por adelantado. Muchas veces pagas y llega tres o cuatro semanas después y tiene que ser en efectivo. La caja vale 25.000 bolívares, pero nos cobran 30.000 porque ellos dicen que hay que pagar un extra por el transporte. Yo me quejé la última vez con la jefa de calle, que es chavista, por lo del efectivo y lo que nos clavan por el transporte, y me gritó que me fuera a quejar con Maduro, que aquí manda ella‒ cuenta Mayerly.

El dinero en efectivo forma parte de los productos escasos. La escalada de los precios es de tal magnitud que el billete de mayor denominación no alcanza para comprar un refresco de dos litros. Los venezolanos necesitan una gran cantidad de esos papelitos de colores con imágenes de próceres para pagar el transporte público o una pequeña compra en un abasto.

Los cajeros automáticos se vacían apenas el banco los recarga de billetes y las agencias bancarias racionan los retiros de efectivo a 10.000 bolívares por persona (16 centavos de dólar al tipo de cambio oficial). Aún así, a las diez de la mañana de cualquier día laborable prácticamente no hay billetes en la mayoría de las oficinas.

—Para pagar la caja del CLAP uno tiene que levantarse de madrugada durante tres días para estar de primero en la cola del banco y sacar la plata”, dice Mayerly con rabia y resignación.

*

Fue a comienzos de los 2000 cuando los mandatarios latinoamericanos comprendieron que “el combate a la pobreza” necesitaba algo distinto a controles de precios, subsidios y redes de distribución de alimentos en manos de los partidos de gobierno. Tras décadas de fracasos surgió la idea de acabar con estas prácticas que invariablemente habían culminado en corrupción, escasez y mercados negros, para dar paso a lo que la jerga de los sociólogos brasileños y mexicanos denominó “transferencias directas y condicionadas”.

En el libro Así funcionan las transferencias condicionadas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explica que desde hace dos décadas, los programas de combate a la pobreza en América Latina y el Caribe cambiaron su enfoque con una idea simple que empezó a implementarse en México y Brasil, y luego en casi todos los países de la región. “En lugar de transferir ingresos a las familias en situación de pobreza a través de subsidios a los precios, vales o distribución directa de alimentos (leche, tortillas, pan, etc.), se decidió transferir ingresos directamente en forma monetaria. Sin embargo, para asegurar que tales transferencias no fueran necesarias de forma permanente, se condicionaron directamente a inversiones de los hogares en su capital humano, en particular en la salud, nutrición y educación de los niños”.

“Esta apuesta pretendía –indica el texto del BID– que jóvenes más sanos y más educados entrarían en el mercado de trabajo en mejores condiciones que sus padres, lo que les permitiría ganar mayores ingresos a través de sus propios esfuerzos, rompiendo la transmisión intergeneracional de la pobreza. En resumen, se pasó de la premisa de transferencias de ingresos hoy y transferencias de ingresos mañana hacia un nuevo paradigma que enfatiza transferencias de ingresos hoy para facilitar la generación de mayores ingresos propios mañana”.


Como ejemplo de la condicionalidad está la experiencia de Brasil, donde el programa Bolsa Familia establece que los niños entre seis y quince años tienen que asistir al menos al 85% de las clases y es obligatorio cumplir con el calendario de vacunas en los menores de siete años. En Chile, para los estudiantes con un desempeño sobresaliente hay un Bono por Logro Escolar y en Costa Rica, quien repite el año escolar una tercera vez pierde el apoyo hasta que avance de grado.

Las décadas de infortunios también enseñaron que los más pobres son difíciles de alcanzar: no acuden por sí mismos a las oficinas de los gobiernos, por tanto, los nuevos programas incorporaron distintos métodos para tratar de llegar a la población más vulnerable, como los niños en edad escolar o los adolescentes que han abandonado los estudios.

“La focalización ha implicado decidir cuál es la población que necesita recibir una transferencia de recursos por su condición de pobreza y para incentivar la formación de su capital humano. Esto ha permitido blindar los programas frente a críticas de asignación arbitraria o filtración a los estratos de la población con mayores niveles de bienestar”, explica el BID en su libro.

Nuevamente el programa brasileño sirve de ilustración. “Para reducir el riesgo de falsas declaraciones del ingreso, Bolsa Familia adopta las siguientes estrategias: determina, a nivel federal —por medio de mapas de pobreza— un número limitado de cupos en cada municipio; atribuye a los municipios la responsabilidad de seleccionar a los beneficiarios; utiliza un fuerte sistema de monitoreo de la situación de pobreza de los beneficiarios por medio del Cadastro Único y del cruce de datos con otras bases administrativas; realiza publicidad de los nombres de los beneficiarios para permitir un control entre pares a nivel local; y lleva a cabo una recertificación cada dos años”.

Más allá de estas referencias, beneficiar a los más pobres sigue siendo un reto para la mayoría de los gobiernos. El estudio ¿Las transferencias monetarias han sido capaces de llegar a los pobres de América Latina y el Caribe? de Marcos Robles, Marcela Rubio, Marco Stampini y Pablo Ibarrarán, quienes se desempeñan como investigadores en la División de Protección Social del BID, determinó que en 2013 los programas de dieciséis países de América Latina en promedio solo cubrían al 50,6% de los pobres extremos en hogares con niños menores de dieciocho años.

“Cuanto más pobre un hogar, más alto el costo (tanto financiero como en términos de esfuerzo y recursos humanos) de alcanzarlo e incluirlo en un programa de protección social y servicios sociales”, dice el estudio.

Otro aprendizaje es que los bancos son un mundo inexplorado para los sumergidos en la pobreza extrema. En general, nunca han tenido cuentas y no utilizan tarjetas electrónicas, por eso cuando son incluidos en los programas se les imparten talleres para luego distribuirles el dinero por esta vía.
La historia económica de América Latina entre 1970-1990 con los episodios de hiperinflación en países como Argentina, Bolivia y Perú, dolorosos rescates del Fondo Monetario Internacional y quiebra de las finanzas públicas, también sirvió para entender que de nada vale mejorar los programas sociales sin una economía con baja inflación y en crecimiento donde los pobres encuentren empleo bien remunerado. En la gran mayoría de los países han quedado atrás los gobiernos que se endeudan indiscriminadamente, gastan a manos llenas y tapan el déficit imprimiendo billetes como si fuesen papelillo.

Hasta el momento, los resultados son positivos. Entre 1999 y 2017 la gran mayoría de las naciones latinoamericanas registra crecimiento constante, la inflación es de un dígito y la pobreza retrocede.
Pero Venezuela marcha en sentido contrario. Aunque el Banco Central oculta las estadísticas oficiales, la hiperinflación es notoria y firmas independientes calculan que en los últimos cuatro años el PIB acumula una contracción de 34%, la más elevada en América Latina desde 1980. Al mismo tiempo, se desconoce el criterio para definir quiénes reciben los bonos que reparte el gobierno; que se sepa no existe una estrategia para llegar hasta las familias sin teléfonos inteligentes o cuenta bancaria, y no hay condicionalidad en la ayuda.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), un estudio que laboran las tres principales universidades del país sobre las condiciones de vida de la población para compensar la falta de estadísticas públicas, señala que en 2017 la proporción de hogares en pobreza extrema aumentó desde 51,5% hasta 61,2% y seis de cada diez venezolanos perdieron en promedio once kilos a manos de una dieta forzosa, llamada en el argot popular “la dieta de Maduro”.

*

Yanet González dice que sí, que el pasado 10 de diciembre votó por el candidato de Nicolás Maduro a la Alcaldía de Sucre, aunque no confía en ningún político:

—Esto cada día está peor. Apenas puedo comer. El televisor, que era mi única distracción, se estropeó y no tengo cómo arreglarlo. Desde que se murió Chávez están diciendo que van a parar lo de los precios y nada, todo carísimo. Yo fui a votar porque dicen que se sabe. ¿Usted no cree?‒ pregunta al aire con un gesto de complicidad.

Podríamos utilizar el calendario para comprender qué significa el “dicen que se sabe” de Yanet. El 22 de noviembre de 2017 Nicolás Maduro anunció que a partir del primero de diciembre, cuatro millones de bonos Niño Jesús serían adjudicados a “mujeres jefas de hogar mediante el carnet de la patria, por un monto de 500.000 bolívares”. El 3 de diciembre llamó a votar en las elecciones municipales, pero de una manera particular: “El 10 de diciembre toda persona debe llevar su carnet de la patria y después de votar pasar por el punto rojo para que lo chequeen”.

 El punto rojo –un kiosco armable con una sombrilla roja, una mesa, sillas de plástico y un cuaderno– se sitúa a pocos metros del centro de votación y cuenta con un sistema informático para el registro de cada votante. Los técnicos han garantizado que no existe conexión entre el código QR del carnet de la patria y las máquinas de votación, pero al igual que Yanet muchos creen que “sí se sabe”. De acuerdo con una encuesta de Consultores XXI al cierre de enero, seis de cada diez venezolanos no confían en el Consejo Nacional Electoral.

Pero desde la óptica del gobierno, la mayoría de los venezolanos respalda el sistema electoral. El pasado 18 de marzo Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de campaña del candidato a la reelección Nicolás Maduro, afirmó en una entrevista concedida a Venevisión que los venezolanos sí creen en su sistema político y en su sistema electoral. “Si no fuese así entonces no contaríamos con su participación en los procesos electorales. En Venezuela se realizan trece auditorías previas a las propias elecciones y eso es muestra de la transparencia de nuestro sistema electoral venezolano, único en el mundo”.

*

El clientelismo no es una novedad en Venezuela, un país donde el dinero proveniente del petróleo lo administra y reparte el gobierno. Acción Democrática y Copei, los dos partidos políticos que empuñaron las riendas del poder entre 1958-1998 repartieron créditos, materiales de construcción y prometieron empleo en organismos públicos antes de los procesos electorales, pero el madurismo parece haber llegado a un estrato superior.

Michael Penfold, politólogo y director de la firma Strata, asegura que según los últimos sondeos 68% de la población en edad de votar ya tiene el carnet de la patria y el impacto que tendría en las próximas elecciones presidenciales, pautadas para el 20 de mayo, no es desdeñable:

—La probabilidad de que una persona chavista, que tiene el carnet, salga a votar por Maduro es de 95%. Es muy efectivo desde el punto de vista de la movilización. Entre los opositores que tienen el carnet de la patria, la probabilidad de que voten por Maduro aun odiándolo es de 31%. Hay un efecto de conversión del voto.

La compra de votos es un contrato incompleto. Hay incertidumbre, explica Penfold.

—Te doy, pero ¿vas a comportarte como yo quiero el día de la elección? Los puntos rojos son un mecanismo de refuerzo de ese contrato, es un efecto psicológico muy potente. La diferencia entre Venezuela y otros países de América Latina donde también hay clientelismo es lo masivo del instrumento por el componente electrónico.

Nicolás Maduro añadió una nueva pieza al rompecabezas con el Movimiento Somos Venezuela. Esta estructura surgió en junio de 2017 y organizó un ejército de “brigadistas”, pagados por el Estado, que recorre las zonas populares casa por casa para verificar la situación de cada familia y facilitar algún plan de ayuda, como el bono para los hogares en pobreza.

Súbitamente el pasado 27 de enero la organización, que cumple un rol estelar en el reparto de beneficios, saltó de una manera más clara al terreno partidista y abiertamente captará votos para el candidato presidente: “El Movimiento Somos Venezuela va a tener la tarjeta electoral para que la gente pueda votar por él el día de las elecciones presidenciales, es algo bello”, anunció el mandatario. Entonces elevó la voz y ordenó de manera tajante: “Les doy la tarea de buscar a los dieciséis millones quinientos mil carnetizados para que se incorporen al Movimiento Somos Venezuela. ¡Hay que ir a buscar a todos los del carnet de la patria!”.

carnet patris 5

DEJA TU COMENTARIO |

*